El espíritu de la Transición fue, ante todo, un espíritu de reconciliación. Se trataba de un esfuerzo por mirar España en positivo, por centrarnos en todo aquello que nos une, que al fin y al cabo es mucho más de lo que nos divide. Así, los padres de esa democracia que hoy disfrutamos optaron por un camino intermedio en la dicotomía “centralismo – federalismo”: el Estado de las Autonomías.
A lo largo de los años, es evidente que si el proyecto que llamamos España (y, algunos, se empeñan en rebautizar “Estado español”, quizá desconociendo que dicho término fue acuñado por el franquismo) ha sido posible, se debe a la convivencia de la diversidad y las aspiraciones conjuntas de todos sus territorios y habitantes. Federarnos atentaría contra toda nuestra Historia de unión; centralizar supondría crear una democracia desde principios totalitarios.
Durante el franquismo, vascos, gallegos y catalanes hubieron de aceptar una triste imposición que negaba y ahogaba los sentimientos de diversidad que durante siglos habían tenido estos territorios. Esa realidad no les había impedido contribuir también al proyecto de España, sino todo lo contrario. Llegados a los años 70 y a nuestra admirable Transición, se acuerda la descentralización como medida moderna y lógica.
Aquí entran en confrontación dos maneras de entender ese Estado descentralizado o de las Autonomías: unos lo apoyan como forma de integración; otros, como mecanismo para la desintegración. Es la diferencia entre los que quieren ver España en positivo o España en negativo. El espíritu de los políticos que tan brillantemente articularon el Estado autonómico no era otro que el aceptar la diversidad y la descentralización como camino lógico hacia una efectiva construcción nacional. En otras palabras, refuerzan la unidad reconociendo la pluralidad y la diversidad. Me permito rescatar a Adolfo Suárez para ilustrar esta realidad: ‘Es una estructura que evita los abusos de un poder centralizado (…). Un nuevo modo de gobernar en el que todos los pueblos de España participan como tales (…). Es preciso asumir el hecho autonómico en toda su integridad’.
Sin embargo, la situación que se nos presenta en pleno S. XXI se aleja mucho de esa ‘unidad desde la pluralidad’ por la que se apostó. Lo que hay ahora es dos bloques de Autonomías: por un lado, las que deciden mirar España en negativo y explican su Historia sólo en función de sus localismos y no teniendo en cuenta su vinculación y su Historia compartida con el resto de España; por otro, aquellas que sí afrontan el día a día desde la solidaridad entre ellas y la apuesta del fortalecimiento de su región como mejor manera de fortalecer al conjunto de regiones y, al hacer esto, fortalecer también a la nación española.
La Autonomía permite y reconoce una doble identidad. Reconoce ampliamente la realidad bilingüe y las peculiaridades de cada región, sin excepción alguna. Se busca a menudo la legitimización política e histórica mediante el enfrentamiento con lo que ahora se ha dado en llamar ‘Madrid’ (refiriéndose al Gobierno central). Lo que hay en España es pluralidad, y se da con un enorme grado de descentralización y autogobierno que nos permite situarnos entre los Estados punteros en este aspecto. Incluso para mi gusto esta descentralización llega a ser excesiva, y el ejemplo suizo (donde ahora se camino hacia una atenuación de la descentralización) me hace cuestionar si es viable seguir profundizando en esa descentralización.
Quizá supuso un error haber permitido una cierta ‘doble velocidad’ a la hora de permitir el acceso al autogobierno. Se hizo una especie de división entre unos y otros territorios. Ahora hemos vuelto a las andadas: se producen reformas estatutarias a destiempo, sin consenso alguno y como reacción a las concesiones de autogobierno que se le dan a algunos territorios. Al final del día, quien quiera plantearse las pugnas dialécticas entre regiones como la manera adecuada de afrontar el Estado de las Autonomías, está cayendo en un grave error.
Lo advirtió Suárez: ‘el acceso a la autonomía no puede convertirse en una carrera’. También dice la carta constitucional de 1978 que ‘las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales’, y el 139 añade que ‘todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado’. La Constitución, además, recoge la necesidad y la obligatoriedad de la solidaridad entre las regiones que integran España. ‘El nuevo Estado necesita el mismo calor emocional que las nuevas comunidades’, en palabras del que fuera líder de la UCD y el CDS. Nunca olvidemos una cosa: el individuo es el sujeto para el que legisla el Estado. Se legisla para las personas, no para los territorios. Que la pertenencia a un territorio u otro suponga una discriminación (como ha demostrado el Gobierno de José Luís R. Zapatero con los últimos Presupuestos Generales) no puede ser bueno.
Tenemos, pues, una dura tarea por delante: integrar realmente a todas las Comunidades en un proyecto común, pese a las enormes desigualdades ya patentes hoy. Temas como la Educación merecen una realidad nacional uniforme, y no diferencias flagrantes entre una Comunidad y otra.
Quiero subrayar el reciente esfuerzo de la Presidenta madrileña Esperanza Aguirre (hoy en día uno de los mejores exponentes que tiene España en materia de liberalismo político) por reforzar la solidaridad entre regiones y la cohesión entre las mismas. Importante y desinteresado esfuerzo este, además, teniendo en cuenta que Madrid se ha convertido en los últimos años en el auténtico motor de la economía española. Ya está bien de diferenciar y discriminar. Saldrá ganando España. Saldremos ganando todos.
A lo largo de los años, es evidente que si el proyecto que llamamos España (y, algunos, se empeñan en rebautizar “Estado español”, quizá desconociendo que dicho término fue acuñado por el franquismo) ha sido posible, se debe a la convivencia de la diversidad y las aspiraciones conjuntas de todos sus territorios y habitantes. Federarnos atentaría contra toda nuestra Historia de unión; centralizar supondría crear una democracia desde principios totalitarios.
Durante el franquismo, vascos, gallegos y catalanes hubieron de aceptar una triste imposición que negaba y ahogaba los sentimientos de diversidad que durante siglos habían tenido estos territorios. Esa realidad no les había impedido contribuir también al proyecto de España, sino todo lo contrario. Llegados a los años 70 y a nuestra admirable Transición, se acuerda la descentralización como medida moderna y lógica.
Aquí entran en confrontación dos maneras de entender ese Estado descentralizado o de las Autonomías: unos lo apoyan como forma de integración; otros, como mecanismo para la desintegración. Es la diferencia entre los que quieren ver España en positivo o España en negativo. El espíritu de los políticos que tan brillantemente articularon el Estado autonómico no era otro que el aceptar la diversidad y la descentralización como camino lógico hacia una efectiva construcción nacional. En otras palabras, refuerzan la unidad reconociendo la pluralidad y la diversidad. Me permito rescatar a Adolfo Suárez para ilustrar esta realidad: ‘Es una estructura que evita los abusos de un poder centralizado (…). Un nuevo modo de gobernar en el que todos los pueblos de España participan como tales (…). Es preciso asumir el hecho autonómico en toda su integridad’.
Sin embargo, la situación que se nos presenta en pleno S. XXI se aleja mucho de esa ‘unidad desde la pluralidad’ por la que se apostó. Lo que hay ahora es dos bloques de Autonomías: por un lado, las que deciden mirar España en negativo y explican su Historia sólo en función de sus localismos y no teniendo en cuenta su vinculación y su Historia compartida con el resto de España; por otro, aquellas que sí afrontan el día a día desde la solidaridad entre ellas y la apuesta del fortalecimiento de su región como mejor manera de fortalecer al conjunto de regiones y, al hacer esto, fortalecer también a la nación española.
La Autonomía permite y reconoce una doble identidad. Reconoce ampliamente la realidad bilingüe y las peculiaridades de cada región, sin excepción alguna. Se busca a menudo la legitimización política e histórica mediante el enfrentamiento con lo que ahora se ha dado en llamar ‘Madrid’ (refiriéndose al Gobierno central). Lo que hay en España es pluralidad, y se da con un enorme grado de descentralización y autogobierno que nos permite situarnos entre los Estados punteros en este aspecto. Incluso para mi gusto esta descentralización llega a ser excesiva, y el ejemplo suizo (donde ahora se camino hacia una atenuación de la descentralización) me hace cuestionar si es viable seguir profundizando en esa descentralización.
Quizá supuso un error haber permitido una cierta ‘doble velocidad’ a la hora de permitir el acceso al autogobierno. Se hizo una especie de división entre unos y otros territorios. Ahora hemos vuelto a las andadas: se producen reformas estatutarias a destiempo, sin consenso alguno y como reacción a las concesiones de autogobierno que se le dan a algunos territorios. Al final del día, quien quiera plantearse las pugnas dialécticas entre regiones como la manera adecuada de afrontar el Estado de las Autonomías, está cayendo en un grave error.
Lo advirtió Suárez: ‘el acceso a la autonomía no puede convertirse en una carrera’. También dice la carta constitucional de 1978 que ‘las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales’, y el 139 añade que ‘todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado’. La Constitución, además, recoge la necesidad y la obligatoriedad de la solidaridad entre las regiones que integran España. ‘El nuevo Estado necesita el mismo calor emocional que las nuevas comunidades’, en palabras del que fuera líder de la UCD y el CDS. Nunca olvidemos una cosa: el individuo es el sujeto para el que legisla el Estado. Se legisla para las personas, no para los territorios. Que la pertenencia a un territorio u otro suponga una discriminación (como ha demostrado el Gobierno de José Luís R. Zapatero con los últimos Presupuestos Generales) no puede ser bueno.
Tenemos, pues, una dura tarea por delante: integrar realmente a todas las Comunidades en un proyecto común, pese a las enormes desigualdades ya patentes hoy. Temas como la Educación merecen una realidad nacional uniforme, y no diferencias flagrantes entre una Comunidad y otra.
Quiero subrayar el reciente esfuerzo de la Presidenta madrileña Esperanza Aguirre (hoy en día uno de los mejores exponentes que tiene España en materia de liberalismo político) por reforzar la solidaridad entre regiones y la cohesión entre las mismas. Importante y desinteresado esfuerzo este, además, teniendo en cuenta que Madrid se ha convertido en los últimos años en el auténtico motor de la economía española. Ya está bien de diferenciar y discriminar. Saldrá ganando España. Saldremos ganando todos.
