Reforma fiscal: justa y necesaria

La izquierda ha basado, históricamente, su existencia en una especie de vasallaje colectivo, en el que los derechos colectivos pesan más que los individuales. Por este motivo, el PSOE defiende el actual sistema fiscal y desacredita cualquier propuesta de reforma. En cierto modo, es comprensible: el día que se acaba el ‘vasallaje’ se acaba el invento.

Pero vayamos por partes. Rodríguez Zapatero tacha de irreales las propuestas fiscales del principal (y casi único) partido de la oposición. He ahí el primer fallo: un sistema fiscal no ha de ser más o menos realista, sino que debe ser justo. Una reforma fiscal exige, ante todo, seriedad. Si un Presidente del Gobierno valora estas medidas según le parezcan más o menos realistas y no según sean o no justas y necesarias, entonces tenemos un problema.

El mejor ejemplo de las situaciones injustas que genera el vigente sistema fiscal es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Su naturaleza es tan necia que supone, que, en el caso del fallecimiento de un familiar, el Estado recibe parte de su herencia. Cual mafioso siciliano. Un robo en toda regla.

La supresión del Impuesto de Patrimonio o la reforma del Impuesto de Sociedades, así como la rebaja del excesivo IRPF, son prioridades máximas para cualquier gobernante futuro en España, como también lo es la centralización y unificación de las políticas fiscales: no es justo para un gallego que, por estar gobernado por el PSOE y sus socios nacionalistas, tenga que pagar impuesto que un madrileño, por estar gobernado por Esperanza Aguirre, no paga. Una nueva consecuencia negativa de la descentralización política de nuestra nación.

Pero esto no es todo. Cómo olvidar esa última gran ‘medida social’ del Gobierno del PSOE: el ‘canon digital’. La palabra ‘canon’ aquí sustituye a la palabra ‘impuesto’ porque su aprobación es tan vergonzosa que ni el PSOE de Z se atreve a llamarlo por su nombre. Esta lindeza rompe con el ‘buenismo’ de Zapatero (ese que defiende que se puede dialogar con cualquiera, incluida ETA o los Estados totalitarios de Oriente) y asume ahora que todas las personas que adquieren un soporte digital (CD, DVD…) lo hacen para violar derechos de autor. Y, peor aún, su beneficiario es una empresa privada (la SGAE) que, además, sólo agrupa a algunos autores, y en ningún caso a todos. Una SGAE que, por cierto, coopera económicamente con la Asociación de Jueces para la Democracia.

Aquí entran también otras leyes intervencionistas que afectan a la fiscalidad de las empresas. El ejemplo más cercano a los medios es la actual Ley del Cine. En ella se obliga a las televisiones privadas a destinar un porcentaje del 5% de sus presupuestos a la producción de cine español, al tiempo que se obliga a los exhibidores de cine a proyectar un porcentaje mínimo de películas españolas en sus salas. En ambos cambos, la inconstitucionalidad está a la orden del día.

Por tanto, tenemos razones de peso para exigir al Gobierno una reforma fiscal de gran alcance, pero tenemos más razones aún para defender que esta práctica será beneficiosa para todos los españoles. El mejor ejemplo es Madrid o la Comunidad Valenciana. Las políticas liberales en la economía que han seguido Esperanza Aguirre y Francisco Camps ha ayudado a que las personas tengan mucho más dinero en sus bolsillos, dinero que podrán invertir en bienestar, lo que repercute en los impuestos indirectos y beneficia a todos: el Estado seguirá teniendo los ingresos necesarios, y las personas dejarán de estar bajo una presión fiscal insostenible y podrán mejorar su calidad de vida.