Recientemente, la Fundación FAES celebraba una serie de conferencias dedicadas al muy destacado político mallorquín Antonio Maura, una fantástica iniciativa que ha servido para homenajear a uno de los grandes dirigentes españoles del S. XX.
Antonio Maura inició su andadura política cercano al regeneracionismo y al liberalismo. Ocupó cargos de relevancia en el Congreso desde 1886 (año en que fue elegido Vicepresidente) a 1922 (cuando preside su último Gobierno), presidiendo la nación en cinco ocasiones hasta abandonar, en 1923, la política activa desencantado con la Dictadura de Miguel Primo de Rivera y el respaldo del monarca Alfonso XIII a ésta.
Maura fue un reformista que luchó por cambiar la situación de una España atascada tras la crisis de 1898. Luchó contra el clientelismo político con toda su fuerza, con sus proyectos de ‘saneamiento’ de los procesos electorales, que buscaban una movilización política definitiva de los españoles. Hoy, su figura se ve marginada a un segundo plano. Maura ejerció políticas perfectas en un contexto imperfecto: su regeneracionismo, su reformismo y su liberalismo chocaba con la corrupción de la Restauración y el izquierdismo radical de la época.
Es justo recordar su figura y sus logros. Maura impulsó las primeras redes de protección social y de asistencia (génesis de la actual Seguridad Social), luchó con firmeza por mantener el orden público (ante el terrorismo de la izquierda radical y del anarquismo), promovió importantes avances en los derechos de las mujeres, firmó las primeras leyes de prohibición del trabajo infantil… Su política educativa y cultural también es digna de mención: promovió la creación de cuerpos nacionales de docencia, institutos y universidades públicas. En definitiva, luchó por modernizar y mejorar España. Y lo hizo siempre desde la fuerza de los principios, esa misma que hoy en día escasea en la Europa del relativismo.
En vida, Antonio Maura sufrió todo tipo de ataques. Los movimientos anti-sistema y el socialismo radical encontraron en él al primer gobernante que no estaba dispuesto a permitir que se coartase la libertad de los españoles y se vulnerasen la ley y el orden público, y eso no era bueno. Así empezó el acoso a Maura, que tenía como argumento estrella la frase ‘¡Maura, no!’. Frente a esa agitación, Maura no creía, como sí defienden los apóstoles del pensamiento ‘buenista’, en las políticas de negociación o de apaciguamiento. Tenía claro que, quien no ejerciese sus libertades dentro del ordenamiento jurídico, debía ser castigado.
Sus políticas no sólo fueron firmes, sino que también fueron increíblemente avanzadas para su época. En sus diferentes gobiernos, Antonio Maura navegó con determinación hacia una democracia de calidad. Como dijo José María Aznar en estas jornadas, lo que los españoles nos dimos en 1978 con nuestra Constitución fue ‘lo que a Maura se le impidió construir: un régimen democrático de auténtica igualdad bajo una Constitución (…) que garantiza la igualdad (…) de todos los españoles’. Es curioso observar que tanto Maura como Aznar sufrieron el mismo tratamiento mediático desde los medios izquierdistas: no fueron criticados, sino directamente linchados.
Maura murió en Torrelodones en 1925, enfrentado con Alfonso XIII por su apoyo a la Dictadura de Primo de Rivera. Había luchado toda su vida por una participación democrática real, ajena al clientelismo, el caciquismo y la corrupción. Agotados sus mejores años en política, se volvió a recurrir a él cada vez que la nación necesitaba salir de una crisis (el famoso ‘Llamemos a Maura’). Su obra política es un ejemplo de firmeza y de principios que merece ser recordada por todos los españoles.
domingo 20 de enero de 2008
viernes 18 de enero de 2008
El 'nuevo intervencionismo'
Históricamente, la izquierda ha practicado una obsesión enfermiza por el intervencionismo económico. Hace sólo unos días comentábamos aquí la necesidad de poner en marcha una reforma fiscal de calado para que España adapte su economía (en términos macroeconómicos y macroeconómicos) al mundo del S. XXI.
Sin embargo, también existen otras formas de intervencionismo, entendiendo por intervencionista cualquier acción del Estado que coarte las libertades básicas.
La diferencia ahora es que este ‘nuevo intervencionismo’ no se mide en términos económicos: es un intervencionismo moral.
Recientemente leíamos en el diario EL MUNDO que el borrador del programa electoral del PSOE incluye lo que se ha dado en llamar ‘Observatorio de la laicidad’, cuyo objetivo sería vigilar ‘activamente la separación entre Iglesia y Estado’. Además, y también hace escasos días, el dinosaurio político y genocida Santiago Carrillo ‘felicitaba’ al Rey de España en TVE con motivo de su 70º cumpleaños, destacando además ‘la España laica’ que consagra la Constitución de 1978.
Valen estos dos ejemplos para evidenciar esta nueva forma de intervenir en las libertades que practica la izquierda. El PSOE, IU, ERC… demuestran día tras día que aún no han comprendido la diferencia entre ‘aconfesional’ y ‘laico’. Intentando imponer el laicismo, lo que se está haciendo es convertir un Estado ‘aconfesional’ en un Estado ‘confesional’. En otras palabras: se impone una moral a otra, olvidando por completo la libertad individual de todas las personas.
En el Estado ‘aconfesional’, como es el nuestro desde que los españoles votaron la Carta Magna, se respeta la existencia de todo tipo de cultos; con el Estado ‘laico’ estamos imponiendo el agnosticismo y/o el ateísmo, con lo que el Estado, para empezar, deja de ser laico (por paradójico que suene), ya que pasa de proteger la libertad religiosa de todos los españoles a declararles ciudadanos de un Estado con una moral oficial (la moral ‘laica’). En vez de proteger libertades fundamentales, pasamos a predicar la oficialidad y superioridad de unas creencias sobre otras. No se trata, pues, de enfrentar una creencia con otra, porque eso no es democracia.
No estaría nada mal que la izquierda española aprendiese por fin que si no se respetan las libertades de las personas caemos en la tiranía. Silenciar al disidente es una práctica demasiado extendida, por desgracia, entre radicales como el aún Presidente Zapatero y la plana mayor de su partido. No se trata de ser cristiano, judío o musulmán. Se trata de respetarnos entre nosotros, algo que no hacen quienes son, paradójicamente, los padres de ese fracaso esperpéntico llamado ‘Alianza de civilizaciones’. Los dirigentes de una nación no pueden olvidar que, en el momento en que olvidan sus límites y hacen uso de su poder para limitar libertades, estarán cayendo en la tiranía y el totalitarismo.
Por eso es necesario que la radical izquierda española aprenda la diferencia entre ‘aconfesional’ y ‘laico’. Yo mismo me ofrezco a explicárselo cuantas veces haga falta.
Sin embargo, también existen otras formas de intervencionismo, entendiendo por intervencionista cualquier acción del Estado que coarte las libertades básicas.
La diferencia ahora es que este ‘nuevo intervencionismo’ no se mide en términos económicos: es un intervencionismo moral.
Recientemente leíamos en el diario EL MUNDO que el borrador del programa electoral del PSOE incluye lo que se ha dado en llamar ‘Observatorio de la laicidad’, cuyo objetivo sería vigilar ‘activamente la separación entre Iglesia y Estado’. Además, y también hace escasos días, el dinosaurio político y genocida Santiago Carrillo ‘felicitaba’ al Rey de España en TVE con motivo de su 70º cumpleaños, destacando además ‘la España laica’ que consagra la Constitución de 1978.
Valen estos dos ejemplos para evidenciar esta nueva forma de intervenir en las libertades que practica la izquierda. El PSOE, IU, ERC… demuestran día tras día que aún no han comprendido la diferencia entre ‘aconfesional’ y ‘laico’. Intentando imponer el laicismo, lo que se está haciendo es convertir un Estado ‘aconfesional’ en un Estado ‘confesional’. En otras palabras: se impone una moral a otra, olvidando por completo la libertad individual de todas las personas.
En el Estado ‘aconfesional’, como es el nuestro desde que los españoles votaron la Carta Magna, se respeta la existencia de todo tipo de cultos; con el Estado ‘laico’ estamos imponiendo el agnosticismo y/o el ateísmo, con lo que el Estado, para empezar, deja de ser laico (por paradójico que suene), ya que pasa de proteger la libertad religiosa de todos los españoles a declararles ciudadanos de un Estado con una moral oficial (la moral ‘laica’). En vez de proteger libertades fundamentales, pasamos a predicar la oficialidad y superioridad de unas creencias sobre otras. No se trata, pues, de enfrentar una creencia con otra, porque eso no es democracia.
No estaría nada mal que la izquierda española aprendiese por fin que si no se respetan las libertades de las personas caemos en la tiranía. Silenciar al disidente es una práctica demasiado extendida, por desgracia, entre radicales como el aún Presidente Zapatero y la plana mayor de su partido. No se trata de ser cristiano, judío o musulmán. Se trata de respetarnos entre nosotros, algo que no hacen quienes son, paradójicamente, los padres de ese fracaso esperpéntico llamado ‘Alianza de civilizaciones’. Los dirigentes de una nación no pueden olvidar que, en el momento en que olvidan sus límites y hacen uso de su poder para limitar libertades, estarán cayendo en la tiranía y el totalitarismo.
Por eso es necesario que la radical izquierda española aprenda la diferencia entre ‘aconfesional’ y ‘laico’. Yo mismo me ofrezco a explicárselo cuantas veces haga falta.
domingo 13 de enero de 2008
Reforma fiscal: justa y necesaria
La izquierda ha basado, históricamente, su existencia en una especie de vasallaje colectivo, en el que los derechos colectivos pesan más que los individuales. Por este motivo, el PSOE defiende el actual sistema fiscal y desacredita cualquier propuesta de reforma. En cierto modo, es comprensible: el día que se acaba el ‘vasallaje’ se acaba el invento.
Pero vayamos por partes. Rodríguez Zapatero tacha de irreales las propuestas fiscales del principal (y casi único) partido de la oposición. He ahí el primer fallo: un sistema fiscal no ha de ser más o menos realista, sino que debe ser justo. Una reforma fiscal exige, ante todo, seriedad. Si un Presidente del Gobierno valora estas medidas según le parezcan más o menos realistas y no según sean o no justas y necesarias, entonces tenemos un problema.
El mejor ejemplo de las situaciones injustas que genera el vigente sistema fiscal es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Su naturaleza es tan necia que supone, que, en el caso del fallecimiento de un familiar, el Estado recibe parte de su herencia. Cual mafioso siciliano. Un robo en toda regla.
La supresión del Impuesto de Patrimonio o la reforma del Impuesto de Sociedades, así como la rebaja del excesivo IRPF, son prioridades máximas para cualquier gobernante futuro en España, como también lo es la centralización y unificación de las políticas fiscales: no es justo para un gallego que, por estar gobernado por el PSOE y sus socios nacionalistas, tenga que pagar impuesto que un madrileño, por estar gobernado por Esperanza Aguirre, no paga. Una nueva consecuencia negativa de la descentralización política de nuestra nación.
Pero esto no es todo. Cómo olvidar esa última gran ‘medida social’ del Gobierno del PSOE: el ‘canon digital’. La palabra ‘canon’ aquí sustituye a la palabra ‘impuesto’ porque su aprobación es tan vergonzosa que ni el PSOE de Z se atreve a llamarlo por su nombre. Esta lindeza rompe con el ‘buenismo’ de Zapatero (ese que defiende que se puede dialogar con cualquiera, incluida ETA o los Estados totalitarios de Oriente) y asume ahora que todas las personas que adquieren un soporte digital (CD, DVD…) lo hacen para violar derechos de autor. Y, peor aún, su beneficiario es una empresa privada (la SGAE) que, además, sólo agrupa a algunos autores, y en ningún caso a todos. Una SGAE que, por cierto, coopera económicamente con la Asociación de Jueces para la Democracia.
Aquí entran también otras leyes intervencionistas que afectan a la fiscalidad de las empresas. El ejemplo más cercano a los medios es la actual Ley del Cine. En ella se obliga a las televisiones privadas a destinar un porcentaje del 5% de sus presupuestos a la producción de cine español, al tiempo que se obliga a los exhibidores de cine a proyectar un porcentaje mínimo de películas españolas en sus salas. En ambos cambos, la inconstitucionalidad está a la orden del día.
Por tanto, tenemos razones de peso para exigir al Gobierno una reforma fiscal de gran alcance, pero tenemos más razones aún para defender que esta práctica será beneficiosa para todos los españoles. El mejor ejemplo es Madrid o la Comunidad Valenciana. Las políticas liberales en la economía que han seguido Esperanza Aguirre y Francisco Camps ha ayudado a que las personas tengan mucho más dinero en sus bolsillos, dinero que podrán invertir en bienestar, lo que repercute en los impuestos indirectos y beneficia a todos: el Estado seguirá teniendo los ingresos necesarios, y las personas dejarán de estar bajo una presión fiscal insostenible y podrán mejorar su calidad de vida.
Pero vayamos por partes. Rodríguez Zapatero tacha de irreales las propuestas fiscales del principal (y casi único) partido de la oposición. He ahí el primer fallo: un sistema fiscal no ha de ser más o menos realista, sino que debe ser justo. Una reforma fiscal exige, ante todo, seriedad. Si un Presidente del Gobierno valora estas medidas según le parezcan más o menos realistas y no según sean o no justas y necesarias, entonces tenemos un problema.
El mejor ejemplo de las situaciones injustas que genera el vigente sistema fiscal es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Su naturaleza es tan necia que supone, que, en el caso del fallecimiento de un familiar, el Estado recibe parte de su herencia. Cual mafioso siciliano. Un robo en toda regla.
La supresión del Impuesto de Patrimonio o la reforma del Impuesto de Sociedades, así como la rebaja del excesivo IRPF, son prioridades máximas para cualquier gobernante futuro en España, como también lo es la centralización y unificación de las políticas fiscales: no es justo para un gallego que, por estar gobernado por el PSOE y sus socios nacionalistas, tenga que pagar impuesto que un madrileño, por estar gobernado por Esperanza Aguirre, no paga. Una nueva consecuencia negativa de la descentralización política de nuestra nación.
Pero esto no es todo. Cómo olvidar esa última gran ‘medida social’ del Gobierno del PSOE: el ‘canon digital’. La palabra ‘canon’ aquí sustituye a la palabra ‘impuesto’ porque su aprobación es tan vergonzosa que ni el PSOE de Z se atreve a llamarlo por su nombre. Esta lindeza rompe con el ‘buenismo’ de Zapatero (ese que defiende que se puede dialogar con cualquiera, incluida ETA o los Estados totalitarios de Oriente) y asume ahora que todas las personas que adquieren un soporte digital (CD, DVD…) lo hacen para violar derechos de autor. Y, peor aún, su beneficiario es una empresa privada (la SGAE) que, además, sólo agrupa a algunos autores, y en ningún caso a todos. Una SGAE que, por cierto, coopera económicamente con la Asociación de Jueces para la Democracia.
Aquí entran también otras leyes intervencionistas que afectan a la fiscalidad de las empresas. El ejemplo más cercano a los medios es la actual Ley del Cine. En ella se obliga a las televisiones privadas a destinar un porcentaje del 5% de sus presupuestos a la producción de cine español, al tiempo que se obliga a los exhibidores de cine a proyectar un porcentaje mínimo de películas españolas en sus salas. En ambos cambos, la inconstitucionalidad está a la orden del día.
Por tanto, tenemos razones de peso para exigir al Gobierno una reforma fiscal de gran alcance, pero tenemos más razones aún para defender que esta práctica será beneficiosa para todos los españoles. El mejor ejemplo es Madrid o la Comunidad Valenciana. Las políticas liberales en la economía que han seguido Esperanza Aguirre y Francisco Camps ha ayudado a que las personas tengan mucho más dinero en sus bolsillos, dinero que podrán invertir en bienestar, lo que repercute en los impuestos indirectos y beneficia a todos: el Estado seguirá teniendo los ingresos necesarios, y las personas dejarán de estar bajo una presión fiscal insostenible y podrán mejorar su calidad de vida.
