Los problemas de la Educación en España: retos de futuro

Un mundo cada vez más global requiere preparación y conocimientos. Eso hace que lo más importante y valioso que tiene un país para afrontar los retos del futuro sea su capital humano.

No es casualidad que el Ministerio de Educación (entonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes) se crease a finales del S. XIX, durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena. La crisis nacional iniciada con la pérdida de las colonias exigía mirar al futuro. Y entonces se comprendió por primera vez que un futuro exitoso exige antes una educación a la altura del éxito que deseamos.

Ahora, en pleno S. XXI, los retos de la mundialización vuelven a exigir seriedad en este terreno. Hasta ahora, la política educativa de los gobiernos de nuestra joven democracia ha dejado mucho que desear. Ese fracaso continuado fue sostenible antes: ahora ya no. El nuevo siglo exige la reacción de todos los países que no quieran perder el tren del progreso y el bienestar.

El problema es que España arrastra tal cantidad de leyes y decretos inútiles en este aspecto que hacer una reforma educativa de verdad es, cuando menos, complejo. Pero ¿qué falla realmente en nuestros colegios, institutos y universidades? A continuación me propongo analizar algunos de los problemas de nuestro sistema, por encima de los complejos políticos que muchos tienen a la hora de hablar de educación.

El principal obstáculo es la descentralización de la educación. Las excesivas competencias de las comunidades autónomas en este aspecto permiten la existencia de diecisiete sistemas educativos diferentes. Esta absurda situación fomenta las desigualdades entre las regiones españolas, rompiendo principios básicos de igualdad de oportunidades y solidaridad que recoge la Carta Magna (y de paso, cualquiera con un poco de sentido común).

Es necesario que existan sólo dos sistemas: uno pensado para las comunidades en las que sólo se hable castellano y otro para aquellas en la que exista otra lengua oficial (Galicia, Baleares, Cataluña, Cataluña y la Comunidad Valenciana).

Las asignaturas que estudiase un alumno de Cáceres deberían ser las mismas que un alumno de Bilbao. Así, la única diferencia radicaría en que los alumnos de las comunidades antes citadas estudiarían la mitad de sus asignaturas en castellano y la otra mitad en las lenguas cooficiales de su región.

También es importante introducir de manera definitiva el inglés en la escuela española. Programas de intercambio, muchas más horas de clase, asignaturas troncales impartidas en inglés… Todo es bueno para sacar a España de su atraso en el ‘segundo idioma’. Incluso debería regularse, de alguna manera, la presencia de un segundo idioma extranjero en los estudios (francés, alemán...).

Importante es, también, entender de una vez que si el Estado financia la educación pública y autoriza la privada adquiere el derecho a controlar su eficacia. Ello se debe hacer con pruebas finales a la conclusión de los grandes ciclos. En el ecuador de la Secundaria (entre 2º y 3º de ESO), a las puertas del Bachillerato (a la conclusión de 4º de ESO) y al final del mismo (después de 2º de Bachillerato), el Estado puede y debe evaluar a todos los alumnos españoles. El concepto de la ‘reválida’ que tanto asusta a algunos es la única manera de asegurar que los mínimos necesarios para progresar en los ciclos educativos se cumplen en todas partes. Si un alumno está capacitado para pasar de curso porque ha adquirido los conocimientos exigidos, no debería tener problema en demostrárselo al Estado (teniendo, en caso de resultados extraordinarios, compensaciones en forma de becas por ello). Y, si ese alumno no está capacitado, entonces deberá repetir sus estudios de ese curso hasta completar los objetivos mínimos. Sobra decir que un alumno con más de una asignatura troncal suspensa no podría promocionar de curso.

Cuando el PP y su Ministra de Educación Pilar del Castillo pusieron el concepto sobre la mesa, la izquierda se cerró en banda. Años de manipulación y LOGSE le hicieron creer tener una suerte de superioridad moral en materia de educación. El PP, que a su vez arrastra años de complejos ante los ataques de la izquierda, prefirió callar. Perdimos todos.

También hay que entender la necesidad de publicitar y prestigiar la Formación Profesional. Defenestrada como la hermana bastarda del sistema educativo, la sociedad identifica al alumno fracasado con la Formación Profesional. Ello se debe a la masificación de la universidad (a la que llegan alumnos que arrastran suspensos y mínimos académicos beneficiándose de la falta total de seriedad del sistema, que permite promocionar de curso a quienes coleccionan suspensos) y a la nula apuesta que nuestro país ha hecho históricamente por la FP. Países como Suiza, por ejemplo, la contemplan como un equivalente a la Universidad: diferente, pero al mismo nivel.

La consecuencia es que la universidad se llena de fracaso (que hereda los índices de abandono que tenía la educación pre-universitaria antes de su obligatoriedad) y la FP ni siquiera es considerada una opción. ¿Consecuencia? Millones de jóvenes sin cualificación alguna para trabajo alguno. Atraso.

Otros aspectos como el cheque escolar o la política de becas merecen también atención, así como la preocupante pérdida de prestigio de nuestra antaño decente educación universitaria. Pero, por ahora, espero haber contribuido a una reflexión seria sobre los problemas y posibles soluciones que debería afrontar el Ministerio de Educación del gabinete gubernamental saliente de los comicios de Marzo de 2008. Si somos capaces de apostar por las personas y olvidarnos de ideologías en el aula, las nuevas generaciones españolas tendrán algo que hacer en el complicado mundo del S. XXI. Pero si una vez más dejamos pasar el tren, eso sí, quizá no volvamos a verlo nunca en nuestra estación.