Casi doscientos años después del inicio de la Guerra de la Independencia española, la sociedad española del S. XXI goza de la libertad que aquellos españoles defendieron ya entonces. La Constitución de 1812 supuso la culminación formal de aquellas aspiraciones. Dicha carta constitucional sería derogada por el pésimo monarca Fernando VII, pero sentó un precedente indispensable para la democracia española.
En 1978, tras un convulso S. XX repleto de inestabilidad política primero (Restauración, Dictadura de Primo de Rivera y II República), una Guerra Civil después y una larga Dictadura (1939 a 1975), los españoles decidieron volver a caminar unidos, como hicieran en Cádiz hace doscientos años. Les movió el mismo impulso que a aquellos constituyentes: las ansias de paz, unidad, libertad y democracia. Ese deseo lo personifica el texto constitucional aprobado en 1978.
Nuestra Constitución tiene la ventaja de haber demostrado su eficacia a lo largo de décadas de democracia, y además tiene la virtud de haber sido una Constitución de reconciliación y concordia entre españoles, lejos de la aprobada en 1931 por la II República y que resultaba una imposición de unos españoles sobre otros.
Esa Transición hacia la democracia y esa Constitución resultante es una obra de la que todos y cada uno de los españoles podemos y debemos sentirnos verdaderamente orgullosos.
La Constitución de 1978, eso sí, tiene sus lagunas y carencias, como toda obra humana. A la hora de abordar esos defectos existen muchas posturas. La mía es la de la reforma: creo que la mejor manera de demostrar nuestro aprecio y admiración a la obra constitucional del 78 es defender su reforma para adaptarla a la realidad política y social del S. XXI.
Son varios los aspectos que necesitan ser abordados. El que más preocupa es el de los problemas de representación de la soberanía que supone nuestra deficiente Ley Electoral y el difuso sistema bicameral español.
La vigente Ley Electoral abrazó, en su momento, un sistema proporcional impuro que ahora se demuestra perjudicial para los intereses de los votantes de uno y otro signo (aunque, por ejemplo, una despistada Izquierda Unida lo defiende, ignorando que salvo en Cataluña, el sistema le perjudica sobremanera a la hora de ponderar los resultados electorales). Las fuerzas minoritarias adquieren así un peso y una representación que no se corresponde con su resultado electoral. De hecho, el voto a estas formaciones es casi rentable: ese nicho electoral que poseen, una vez consumado el reparto de poder y, ante la dificultad para las mayorías absolutas que implica este sistema, sus dirigentes, militantes y votantes obtendrán mayor cuota de poder que la que realmente les corresponde, y además, una vez negociada la coalición de turno, habrá obtenido muchos de esos objetivos ante la desesperación de un gobierno condenado a ceder para gobernar. Ya la alemana República de Weimar agonizó entre minorías radicales…
Otra consecuencia es la subasta política que tiene lugar tras las elecciones, en la que figuras como María Antonia Munar (UM) han demostrado una enorme facilidad para conseguir todo lo que quieren de partidos que tienen un apoyo del electorado muy superior.
Surge el desgobierno, como se evidencia en el ‘doble gobierno’ que le ha tocado en gracia a los gallegos, y en el que parece que el BNG ha montado un gobierno por su lado y el PSOE por otro, y su único gran acuerdo a nivel regional parece ser bloquear el acceso del PP al poder, desautorizando por ejemplo a los nacionalistas de Vigo, claramente partidarios de haberse aliado con la popular Corina Porro.
En consecuencia, la sociedad civil deja de ver en los comicios una manera de traducir al lenguaje político sus voluntades. Y este es el principal motivo de la desconfianza y el desencanto social con la clase política.
Hay muchas maneras de abordar dicha reforma. Por un lado encontramos el caso francés, en el que todos los partidos se miden en una primera ronda y, en una segunda, lo hacen los dos con mayor apoyo en la primera. Supone el nombramiento directo del Presidente de la República, y le siguen unas semanas después unos comicios para elegir a los representantes en la Asamblea Nacional. En Inglaterra, funciona por distritos: sale elegido un representante por distrito (el que tenga mayor número de votos), ni uno más. La reforma, además, necesitaría abordar la situación a nivel local y regional, donde la lógica reformista sugiere que se debería apoyar un sistema como el francés.
Nuestra Constitución establece un sistema bicameral, comprendido por Congreso de los Diputados y Senado. En la teoría, el segundo es la cámara de representación territorial; en la práctica, es una cámara secundaria y casi anecdótica para la crónica política general. Y esto es un problema, máxime cuando el sistema actual contamina el debate nacional (el que se supone debería ser el del Congreso de los Diputados) con la presencia de localismos a menudo nacionalistas.
Un riojano, por ejemplo, a la hora de defender sus intereses regionales tiene menor voz que un catalán, porque los nacionalistas catalanes acceden, con la vigente Ley Electoral, a una desproporcionada representación en el Congreso que les permite tener una presencia política mayor.
A nivel nacional, la verdadera reforma que necesita nuestra democracia no es la de la Ley Electoral únicamente: el Senado necesita convertirse realmente en una cámara de representación territorial. Si ERC, BNG, CiU o CC no tienen implantación, discurso y política para toda la nación, su sitio debería estar en el Senado y solo traspasar al Congreso en situaciones extraordinarias.
La reforma, que fomentaría el entendimiento entre PSOE y PP y apuntalaría a IU como tercera fuerza, no debería limitarse a separar las competencias entre ambas cámaras, sino a fomentar, al mismo tiempo, la colaboración entre ambas. No deberían ser dos organismos contaminados y dispares, como ahora; pero la pureza del sistema bicameral reside en la interrelación entre ambas asambleas, y no el aislamiento de una sobre la otra.
El Senado, por tanto, podría dinamizar el Estado de las Autonomías de tener las competencias que realmente le atañen. En él tendrían cabida todas las formaciones, y, por ejemplo, un gallego, vería como de manera regular se defienden sus intereses a nivel nacional por tres bocas diferentes: PPdeG/PP, PSdeG/PSOE y BNG. O, por acercarnos a la actualidad política, la UPN de Miguel Sanz tendría esa ‘voz propia’ de la que dice ser partidario para contrarrestar la presencia de Nafarroa Bai en el Congreso, y el PSN/PSOE y la IU Navarra también se beneficiarían de esta reforma.
Es una humilde apuesta por una reforma que confío adaptaría nuestra democracia a las demandas de la descentralización aprobada en 1978, y beneficiaría tanto a las diferentes regiones españolas como a los grandes partidos nacionales.
lunes 20 de agosto de 2007
lunes 6 de agosto de 2007
Lengua y secesión
La última del gobierno de ZP es anunciar que TVE emitirá, a nivel nacional, programas en catalán, gallego o vasco. Una nueva cesión al nacionalismo, a cargo de César A. Molina, Ministro de Cultura, que lo hacía público recientemente. Carod, Quintana e Ibarretxe tienen cada vez más motivos para abrazarse al Presidente Rodríguez, que no deja de darles alas a su secesionismo.
Los nacionalismos vasco, catalán y gallego tienen numerosas diferencias en sus planteamientos de origen. Mientras el vasco se apoyaba en el racismo, la anexión de Navarra y la separación total respecto a la nación española, el catalán abogaba por acogerse a altas cotas de autonomía dentro sin que ello implicase una ruptura total (argumento, pues, cercano al federalismo). El gallego, por su parte, surge de manera mucho más errática e irregular, más cercana quizás al catalanismo.
Llegados al S. XXI, estos tres movimientos han evolucionado hacia posiciones muy distintas, pero se aprecia un claro vínculo, un denominador común en sus acciones: la utilización de la lengua como arma política con la que difundir sus aspiraciones. El proyecto excluyente y secesionista de estos tres nacionalismos ha decidido que la imposición lingüística es la mejor manera de asegurarse el éxito futuro y la colectivización de la conciencia de quienes habitan sus territorios, despojados de su españolidad en favor de los complejos de inferioridad y opresión que exhiben estos secesionismos periféricos.
Se busca la homogeneización, la nacionalización de la lengua como vehículo hacia la diferenciación y como arma arrojadiza contra la unidad española, pese al reconocido estatus de Autonomía del que gozan estas tres Comunidades desde 1978, que busca reconocer la diversidad como elemento hacia la unidad y el progreso nacional, y no la disgregación y la competencia entre territorios, a los que se les supone la solidaridad y no la rivalidad, que trasladan, además, al mismo Estado.
La Administración de estas regiones moviliza esfuerzos políticos y económicos para potenciar su presencia en la escuela, pero los resultados no siempre son los deseados: si bien en Cataluña el empleo del catalán ha aumentado considerablemente, el aumento del gasto en materia de euskera y gallego no va acompañado de un aumento del uso de dichas lenguas fuera del ámbito escolar.
En Galicia, las pretensiones del BNG se encubren bajo la proclama de un bilingüismo trampa. El Decreto 124/7 auspiciado por los nacionalistas aboga por la paridad en la escuela entre castellano y gallego. Sin embargo, el engaño radica en la aplicación de dicha paridad, porque la letra pequeña estipula que todas las materias troncales sean impartidas en gallego (excepto Lengua Castellana e Inglesa, por motivos obvios).
Los perjudicados son los ciudadanos gallegos, catalanes y vascos. Se les arranca una parte de su identidad (la española, cuya máxima expresión, como es obvio, es el empleo de la lengua común) y se aplican políticas sectarias bajo el pretexto de la normalización lingüística. Las empresas que están abandonando estas tres regiones debido a las trabas lingüísticas que se les está imponiendo muestran que también el mundo empresarial rechaza esta política excluyente.
La irreal situación política causada por la vigente Ley Electoral implica, además, que el PSOE tenga que plegarse ante estas exigencias y optar por fortalecer a quienes quieren separar España como única manera de acceder al poder en Cataluña (gobierno tripartito), Galicia (gobierno bipartito) o Baleares (gobierno de trinchera en el que se incluye a formaciones con anhelos anexionistas dentro del ideal de los ‘países catalanes’). El PP, por su parte, se encuentra con la misma situación en Canarias: accede al poder mediante su apoyo a Coalición Canaria.
En este panorama, el empleo partidista de la lengua alcanza cotas de ignorancia e imbecilidad insospechadas. Por volver al caso gallego, el verano pasado, mientras Galicia ardía ante una Xunta inoperante, se exigían cursos y titulaciones que acreditasen conocimientos de gallego para participar en las tareas de extinción del fuego.
Un disparate, un reflejo de la ignorancia que rodea a gran parte de las formaciones nacionalistas. Su naturaleza (ya de por sí excluyente y marcada por la autolimitación) despoja a la ciudadanía de siglos y siglos de fértil unión entre españoles de todas las regiones, arrastrando en el proceso a quienes se dejan llevar por la corriente.
Los nacionalismos vasco, catalán y gallego tienen numerosas diferencias en sus planteamientos de origen. Mientras el vasco se apoyaba en el racismo, la anexión de Navarra y la separación total respecto a la nación española, el catalán abogaba por acogerse a altas cotas de autonomía dentro sin que ello implicase una ruptura total (argumento, pues, cercano al federalismo). El gallego, por su parte, surge de manera mucho más errática e irregular, más cercana quizás al catalanismo.
Llegados al S. XXI, estos tres movimientos han evolucionado hacia posiciones muy distintas, pero se aprecia un claro vínculo, un denominador común en sus acciones: la utilización de la lengua como arma política con la que difundir sus aspiraciones. El proyecto excluyente y secesionista de estos tres nacionalismos ha decidido que la imposición lingüística es la mejor manera de asegurarse el éxito futuro y la colectivización de la conciencia de quienes habitan sus territorios, despojados de su españolidad en favor de los complejos de inferioridad y opresión que exhiben estos secesionismos periféricos.
Se busca la homogeneización, la nacionalización de la lengua como vehículo hacia la diferenciación y como arma arrojadiza contra la unidad española, pese al reconocido estatus de Autonomía del que gozan estas tres Comunidades desde 1978, que busca reconocer la diversidad como elemento hacia la unidad y el progreso nacional, y no la disgregación y la competencia entre territorios, a los que se les supone la solidaridad y no la rivalidad, que trasladan, además, al mismo Estado.
La Administración de estas regiones moviliza esfuerzos políticos y económicos para potenciar su presencia en la escuela, pero los resultados no siempre son los deseados: si bien en Cataluña el empleo del catalán ha aumentado considerablemente, el aumento del gasto en materia de euskera y gallego no va acompañado de un aumento del uso de dichas lenguas fuera del ámbito escolar.
En Galicia, las pretensiones del BNG se encubren bajo la proclama de un bilingüismo trampa. El Decreto 124/7 auspiciado por los nacionalistas aboga por la paridad en la escuela entre castellano y gallego. Sin embargo, el engaño radica en la aplicación de dicha paridad, porque la letra pequeña estipula que todas las materias troncales sean impartidas en gallego (excepto Lengua Castellana e Inglesa, por motivos obvios).
Los perjudicados son los ciudadanos gallegos, catalanes y vascos. Se les arranca una parte de su identidad (la española, cuya máxima expresión, como es obvio, es el empleo de la lengua común) y se aplican políticas sectarias bajo el pretexto de la normalización lingüística. Las empresas que están abandonando estas tres regiones debido a las trabas lingüísticas que se les está imponiendo muestran que también el mundo empresarial rechaza esta política excluyente.
La irreal situación política causada por la vigente Ley Electoral implica, además, que el PSOE tenga que plegarse ante estas exigencias y optar por fortalecer a quienes quieren separar España como única manera de acceder al poder en Cataluña (gobierno tripartito), Galicia (gobierno bipartito) o Baleares (gobierno de trinchera en el que se incluye a formaciones con anhelos anexionistas dentro del ideal de los ‘países catalanes’). El PP, por su parte, se encuentra con la misma situación en Canarias: accede al poder mediante su apoyo a Coalición Canaria.
En este panorama, el empleo partidista de la lengua alcanza cotas de ignorancia e imbecilidad insospechadas. Por volver al caso gallego, el verano pasado, mientras Galicia ardía ante una Xunta inoperante, se exigían cursos y titulaciones que acreditasen conocimientos de gallego para participar en las tareas de extinción del fuego.
Un disparate, un reflejo de la ignorancia que rodea a gran parte de las formaciones nacionalistas. Su naturaleza (ya de por sí excluyente y marcada por la autolimitación) despoja a la ciudadanía de siglos y siglos de fértil unión entre españoles de todas las regiones, arrastrando en el proceso a quienes se dejan llevar por la corriente.
