El espíritu de la Transición fue, ante todo, un espíritu de reconciliación. Se trataba de un esfuerzo por mirar España en positivo, por centrarnos en todo aquello que nos une, que al fin y al cabo es mucho más de lo que nos divide. Así, los padres de esa democracia que hoy disfrutamos optaron por un camino intermedio en la dicotomía “centralismo – federalismo”: el Estado de las Autonomías.
A lo largo de los años, es evidente que si el proyecto que llamamos España (y, algunos, se empeñan en rebautizar “Estado español”, quizá desconociendo que dicho término fue acuñado por el franquismo) ha sido posible, se debe a la convivencia de la diversidad y las aspiraciones conjuntas de todos sus territorios y habitantes. Federarnos atentaría contra toda nuestra Historia de unión; centralizar supondría crear una democracia desde principios totalitarios.
Durante el franquismo, vascos, gallegos y catalanes hubieron de aceptar una triste imposición que negaba y ahogaba los sentimientos de diversidad que durante siglos habían tenido estos territorios. Esa realidad no les había impedido contribuir también al proyecto de España, sino todo lo contrario. Llegados a los años 70 y a nuestra admirable Transición, se acuerda la descentralización como medida moderna y lógica.
Aquí entran en confrontación dos maneras de entender ese Estado descentralizado o de las Autonomías: unos lo apoyan como forma de integración; otros, como mecanismo para la desintegración. Es la diferencia entre los que quieren ver España en positivo o España en negativo. El espíritu de los políticos que tan brillantemente articularon el Estado autonómico no era otro que el aceptar la diversidad y la descentralización como camino lógico hacia una efectiva construcción nacional. En otras palabras, refuerzan la unidad reconociendo la pluralidad y la diversidad. Me permito rescatar a Adolfo Suárez para ilustrar esta realidad: ‘Es una estructura que evita los abusos de un poder centralizado (…). Un nuevo modo de gobernar en el que todos los pueblos de España participan como tales (…). Es preciso asumir el hecho autonómico en toda su integridad’.
Sin embargo, la situación que se nos presenta en pleno S. XXI se aleja mucho de esa ‘unidad desde la pluralidad’ por la que se apostó. Lo que hay ahora es dos bloques de Autonomías: por un lado, las que deciden mirar España en negativo y explican su Historia sólo en función de sus localismos y no teniendo en cuenta su vinculación y su Historia compartida con el resto de España; por otro, aquellas que sí afrontan el día a día desde la solidaridad entre ellas y la apuesta del fortalecimiento de su región como mejor manera de fortalecer al conjunto de regiones y, al hacer esto, fortalecer también a la nación española.
La Autonomía permite y reconoce una doble identidad. Reconoce ampliamente la realidad bilingüe y las peculiaridades de cada región, sin excepción alguna. Se busca a menudo la legitimización política e histórica mediante el enfrentamiento con lo que ahora se ha dado en llamar ‘Madrid’ (refiriéndose al Gobierno central). Lo que hay en España es pluralidad, y se da con un enorme grado de descentralización y autogobierno que nos permite situarnos entre los Estados punteros en este aspecto. Incluso para mi gusto esta descentralización llega a ser excesiva, y el ejemplo suizo (donde ahora se camino hacia una atenuación de la descentralización) me hace cuestionar si es viable seguir profundizando en esa descentralización.
Quizá supuso un error haber permitido una cierta ‘doble velocidad’ a la hora de permitir el acceso al autogobierno. Se hizo una especie de división entre unos y otros territorios. Ahora hemos vuelto a las andadas: se producen reformas estatutarias a destiempo, sin consenso alguno y como reacción a las concesiones de autogobierno que se le dan a algunos territorios. Al final del día, quien quiera plantearse las pugnas dialécticas entre regiones como la manera adecuada de afrontar el Estado de las Autonomías, está cayendo en un grave error.
Lo advirtió Suárez: ‘el acceso a la autonomía no puede convertirse en una carrera’. También dice la carta constitucional de 1978 que ‘las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales’, y el 139 añade que ‘todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado’. La Constitución, además, recoge la necesidad y la obligatoriedad de la solidaridad entre las regiones que integran España. ‘El nuevo Estado necesita el mismo calor emocional que las nuevas comunidades’, en palabras del que fuera líder de la UCD y el CDS. Nunca olvidemos una cosa: el individuo es el sujeto para el que legisla el Estado. Se legisla para las personas, no para los territorios. Que la pertenencia a un territorio u otro suponga una discriminación (como ha demostrado el Gobierno de José Luís R. Zapatero con los últimos Presupuestos Generales) no puede ser bueno.
Tenemos, pues, una dura tarea por delante: integrar realmente a todas las Comunidades en un proyecto común, pese a las enormes desigualdades ya patentes hoy. Temas como la Educación merecen una realidad nacional uniforme, y no diferencias flagrantes entre una Comunidad y otra.
Quiero subrayar el reciente esfuerzo de la Presidenta madrileña Esperanza Aguirre (hoy en día uno de los mejores exponentes que tiene España en materia de liberalismo político) por reforzar la solidaridad entre regiones y la cohesión entre las mismas. Importante y desinteresado esfuerzo este, además, teniendo en cuenta que Madrid se ha convertido en los últimos años en el auténtico motor de la economía española. Ya está bien de diferenciar y discriminar. Saldrá ganando España. Saldremos ganando todos.
A lo largo de los años, es evidente que si el proyecto que llamamos España (y, algunos, se empeñan en rebautizar “Estado español”, quizá desconociendo que dicho término fue acuñado por el franquismo) ha sido posible, se debe a la convivencia de la diversidad y las aspiraciones conjuntas de todos sus territorios y habitantes. Federarnos atentaría contra toda nuestra Historia de unión; centralizar supondría crear una democracia desde principios totalitarios.
Durante el franquismo, vascos, gallegos y catalanes hubieron de aceptar una triste imposición que negaba y ahogaba los sentimientos de diversidad que durante siglos habían tenido estos territorios. Esa realidad no les había impedido contribuir también al proyecto de España, sino todo lo contrario. Llegados a los años 70 y a nuestra admirable Transición, se acuerda la descentralización como medida moderna y lógica.
Aquí entran en confrontación dos maneras de entender ese Estado descentralizado o de las Autonomías: unos lo apoyan como forma de integración; otros, como mecanismo para la desintegración. Es la diferencia entre los que quieren ver España en positivo o España en negativo. El espíritu de los políticos que tan brillantemente articularon el Estado autonómico no era otro que el aceptar la diversidad y la descentralización como camino lógico hacia una efectiva construcción nacional. En otras palabras, refuerzan la unidad reconociendo la pluralidad y la diversidad. Me permito rescatar a Adolfo Suárez para ilustrar esta realidad: ‘Es una estructura que evita los abusos de un poder centralizado (…). Un nuevo modo de gobernar en el que todos los pueblos de España participan como tales (…). Es preciso asumir el hecho autonómico en toda su integridad’.
Sin embargo, la situación que se nos presenta en pleno S. XXI se aleja mucho de esa ‘unidad desde la pluralidad’ por la que se apostó. Lo que hay ahora es dos bloques de Autonomías: por un lado, las que deciden mirar España en negativo y explican su Historia sólo en función de sus localismos y no teniendo en cuenta su vinculación y su Historia compartida con el resto de España; por otro, aquellas que sí afrontan el día a día desde la solidaridad entre ellas y la apuesta del fortalecimiento de su región como mejor manera de fortalecer al conjunto de regiones y, al hacer esto, fortalecer también a la nación española.
La Autonomía permite y reconoce una doble identidad. Reconoce ampliamente la realidad bilingüe y las peculiaridades de cada región, sin excepción alguna. Se busca a menudo la legitimización política e histórica mediante el enfrentamiento con lo que ahora se ha dado en llamar ‘Madrid’ (refiriéndose al Gobierno central). Lo que hay en España es pluralidad, y se da con un enorme grado de descentralización y autogobierno que nos permite situarnos entre los Estados punteros en este aspecto. Incluso para mi gusto esta descentralización llega a ser excesiva, y el ejemplo suizo (donde ahora se camino hacia una atenuación de la descentralización) me hace cuestionar si es viable seguir profundizando en esa descentralización.
Quizá supuso un error haber permitido una cierta ‘doble velocidad’ a la hora de permitir el acceso al autogobierno. Se hizo una especie de división entre unos y otros territorios. Ahora hemos vuelto a las andadas: se producen reformas estatutarias a destiempo, sin consenso alguno y como reacción a las concesiones de autogobierno que se le dan a algunos territorios. Al final del día, quien quiera plantearse las pugnas dialécticas entre regiones como la manera adecuada de afrontar el Estado de las Autonomías, está cayendo en un grave error.
Lo advirtió Suárez: ‘el acceso a la autonomía no puede convertirse en una carrera’. También dice la carta constitucional de 1978 que ‘las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales’, y el 139 añade que ‘todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado’. La Constitución, además, recoge la necesidad y la obligatoriedad de la solidaridad entre las regiones que integran España. ‘El nuevo Estado necesita el mismo calor emocional que las nuevas comunidades’, en palabras del que fuera líder de la UCD y el CDS. Nunca olvidemos una cosa: el individuo es el sujeto para el que legisla el Estado. Se legisla para las personas, no para los territorios. Que la pertenencia a un territorio u otro suponga una discriminación (como ha demostrado el Gobierno de José Luís R. Zapatero con los últimos Presupuestos Generales) no puede ser bueno.
Tenemos, pues, una dura tarea por delante: integrar realmente a todas las Comunidades en un proyecto común, pese a las enormes desigualdades ya patentes hoy. Temas como la Educación merecen una realidad nacional uniforme, y no diferencias flagrantes entre una Comunidad y otra.
Quiero subrayar el reciente esfuerzo de la Presidenta madrileña Esperanza Aguirre (hoy en día uno de los mejores exponentes que tiene España en materia de liberalismo político) por reforzar la solidaridad entre regiones y la cohesión entre las mismas. Importante y desinteresado esfuerzo este, además, teniendo en cuenta que Madrid se ha convertido en los últimos años en el auténtico motor de la economía española. Ya está bien de diferenciar y discriminar. Saldrá ganando España. Saldremos ganando todos.
12 comentarios:
Hemos perdido la solidaridad entre territorios con estos Presupuestos y con este Gobierno. Para Zapatero hay tres tipos de Autonomías:
- País Vasco y Cataluña. Como le plantean mayor 'oposición' que otras, se centra en volcar la balanza de los Presupuestos en dirección a estas dos regiones.
- Las Comunidades en las que gobierna el PSOE. En ellas se permite la inversión que le viene en gana: igual ningunea a Extremadura que prima a Andalucía.
- Las Comunidades en las que no gobierna. En estas es donde menos solidario es: pregúntenle a Madrid o Valencia, a Murcia o a La Rioja, a Castilla o a Navarra...
España es una, y no 51. A ver si se entera ZP de una vez, y a ver si se enteran los que prefieren discriminar a otros 16 territorios para sacar adelante sus Estatutos, esos que el Estado les permite pero, a la larga, destruyen la solidaridad y la igualdad en el Estado. ¿Estamos dispuestos a permitir que España se fracture en dos tipos de regiones? Yo no. Y se que la mayoría tampoco.
Y, por cierto, yo también creo que los recientes esfuerzos de Esperanza Aguirre en este terreno son dignos de alabanza. Bravo por el comentario, y bravo por 'la Espe'.
Me quedo con tu diferenciación entre los que quieren ver España en positivo y los que prefieren hacerlo en negativo. Cruda realidad, pero realidad al fin y al cabo. En cualquier caso, creo que este ritmo de descentralización no se puede sostener mucho más, porque acabaremos encontrándonos 17 territorios extraños y no 17 Comunidades unidas.
Los nacionalistas, separatistas, secesionistas, terroristas... Todos ellos se han aprovechado de la generosidad de las Autonomías para intentar llevar eso hacia la segregegación. Pero que no se le olvide a Zapatero que los 'derechos a elegir' son de todos los españoles; y que no se olvide tampoco que cuando un pueblo habla de derechos 'colectivos' está cayendo en una marginación de lo único que vale en democracia, que es el derecho individual.
España se construye entre todos, y por eso es una potencia. Nadie está discriminado en ella. Como dice Diego, si alguien así lo cree es sólo porque decide afrontar España en negativo.
¡¡ZP DIMISIÓN!!
No me creo tan mayor pues tengo 45 años, pero he vivido el antes y el despues de la Constituticoón. Recuerdo que por entonces todos los jóvenes (o la inmensa mayoría) queríamos una España libre y plural, donde todos pudiesen expresar lo que pensasen sin temor a ninguún tipo de represalias. Eran la éopca de las movilizaciones, era cuando despues de Suárez, que hizo una labor inigualable, llego Felipe Gónzalez, que era un auténtico domador de serpientes, proque si le oías hablar, acababas pensando exactamente lo que él quería. Los inicios fueron buenos, el final, como se ha podido observar con el paso del tiempo, ya no fue tan correcto... Em aquella época no se podía hablar gallego en Galicia ni catalán en Cataluña, no es que fueran perseguidos por utilizarlo pero se les marginaba porque era síntoma de atraso e incultura. las recientes comunicades autónomas fueron empezando a sumar más y más competencias... y llegamos al día de hoy, donde las autonomías tienen practicamente todas las competencias asumidas, excepto las que no pueden asumir por muy insistentes que se pongan, donde se persigue hablar español, donde no son iguales los derechos de los ciudadanos porque si no conoces la lengua del territorio se te cierran puertas, pero de manera real no ficticia, donde las banderas y las fotografías del Rey han desaparecido de los despachos oficiales, donde a los niños en los colegios les preguntan: ¿que te sientes antes gallego/catalán/vasco o español?... Como siempre nos hemos separado por completo de la idea original, lo que se quiso hacer fue crear unas comunidades autónomas para poder respetar las diferencias de cada región, para que pudiesen conservar su idioma, sus constumbre es incluso su derecho si es que lo tenína en le momento de entrar en vigor la Constitución, pero este afán de querer más y más y de hacer de Madrid el enemigo a derrotar es perder de vista el futuro hacia el que se quería llegar. Que por cierto de Madrid sólo quieren el dinero y luego echarles las culpas de todo.
Creo que podría ser el momento de reflexionar y saber hacia donde queremos ir, pero esta claro que como sigua ZP, esta reflexión no ha de servir para mucho
En octubre las Cortes Generales viven el último tramo de la actual legislatura. Si las elecciones son el segundo domingo de marzo, la disolución ha de tener lugar antes del quince de enero, en plenas vacaciones parlamentarias de ese mes. En el tiempo útil para sesiones de las Cámaras, con varios «puentes» de tres o cuatro días en medio, se han de discutir y aprobar los Presupuestos, una tarea siempre ardua y laboriosa, pero que es la principal función de los parlamentos democráticos. Habrá poco tiempo ya para otras cosas.
O sea, que en este otoño en la política española y en el ambiente que la rodea todo es preelectoral. Eso, además, en un momento en que el tratamiento que desde el gobierno y sus socios se ha aplicado a cuestiones particularmente sensibles ha generado tensiones que han crispado los espíritus: asuntos como el terrorismo, y la relación del gobierno con partidos o agrupaciones que lo apoyan o que dicen que lo «comprenden»; la organización territorial del Estado y las decisiones de ciertas Comunidades Autónomas o declaraciones de sus dirigentes. Igual ocurre en cuestiones de trascendencia social y cultural como las que afectan a la educación, a la familia, a la vida de los no nacidos, o a la legalización de la eutanasia.
Pero quizá hay algo que si no más grave puede ser más urgente y estar más necesitado de clarificación. Hay que recordar que España es una Monarquía parlamentaria y que la soberanía reside en el pueblo español, al que representan las Cortes Generales que ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan al Gobierno. Estos preceptos constitucionales que regulan el funcionamiento del estado nacional son conocidos por los políticos y la opinión ilustrada, y es lo que debería enseñarse en las escuelas como «educación ciudadana», en vez de esta confusa, inútil y polivalente asignatura que se quiere ofrecer ahora. Porque los Estatutos ponen en manos de las Comunidades Autónomas responsabilidades políticas y legislativas que la Constitución ha depositado en el Parlamento. Pero en las disposiciones que desarrollen los mandatos constitucionales delegados en ellos, los gobiernos subestatales tienen el deber de aplicar, sin contradecirlos, unos preceptos que son la obra política del consenso constitucional de la Transición que puso fin a los desencuentros que dieron lugar a la tragedia nacional de hace setenta años.
Durante toda esta legislatura el Gobierno se ha sostenido con el apoyo de partidos tan anticonstitucionales como los que se proclaman «independentistas» o postulan la transformación de su Comunidad en un Estado con bandera, himno, política exterior propia y selecciones deportivas, o quieren que España sea una república. Y es probable que organizaciones como Esquerra, el Bloque de Galicia o los antiguos comunistas acudan a las elecciones con propuestas de ese tipo. Las libertades democráticas amparan los proyectos más extravagantes. Pero una cosa es que la gente vote lo que quiera y otra gobernar con los que presenten programas como esos.
Con los comicios cerca, quizá sea oportuno repasar alguna página de la historia contemporánea que recuerde el consenso de políticos y partidos que hizo posible el Estado democrático que luego aprobaron los españoles en el referéndum del 78.
Durante los años setenta del pasado siglo -y desde antes- algunos políticos de la situación, y grupos y partidos de la oposición clandestina y de la semitolerada, e incluso ciertos medios de comunicación que arrostraron el rigor del control gubernamental sufriendo severas sanciones, planteaban con más o menos nitidez un debate sobre el futuro del Estado y de la nación. Se especulaba con posibles salidas de un régimen político y una forma de Estado que todo el mundo sabía que tenía fecha de caducidad. Certus an, incertus quando.
Se delineaban tres «escenarios», como se dice ahora: «continuidad», «ruptura» o «cambio». En lo primero no creía de verdad nadie. El régimen que habría que reemplazar era un traje a la medida de una determinada estructura de poder y no valía más que para esa.
La «ruptura» sólo podría venir por un hecho revolucionario para el que no había ambiente en el país. Después de una revolución, y en el improbable caso de que triunfara, habría sido preciso desmontar no sólo la cabecera del poder sino todo el aparato del Estado y las instituciones territoriales, jurídicas, administrativas, militares y de orden público de la nación.
Por eso, y porque se impusieron el patriotismo y el buen sentido de la mayoría de los españoles, partidarios del régimen o contrarios a él, y porque se respetó y se acogió con esperanza y aplauso la reposición de la Monarquía, y porque los titulares de la Dinastía histórica, así como las cúpulas de instituciones básicas del Estado, estuvieron a la altura de sus responsabilidades, fue posible el «cambio», o como dicen ya los españoles y los libros de historia, «la transición».
En los años treinta España se había roto hasta el extremo de la Guerra Civil, que fue algo más que un golpe militar, porque se formaron dos bandos, con sus respectivos ejércitos, y las hostilidades duraron casi tres años.
Se veía claramente que había que recomponer o construir un entendimiento entre realidades opuestas en tres grandes campos: el político -o de las ideologías-, el económico y social y, en tercer lugar, pero no menos importante, el de la organización territorial del Estado. Bajo la inspiración de la Corona y merced a la prudente, hábil y generosa gestión del Presidente Suárez y sus equipos, se logró la abierta colaboración de rojos y azules, ricos y desheredados, patriotas españoles y nacionalistas territoriales, izquierdas y derechas, liberales y democristianos, para acordar y poner en práctica los que se llamaron los tres grandes pactos nacionales: el pacto político entre derechas e izquierdas, el social entre trabajadores y empresarios, y el territorial entre el estado y las regiones.
Eso no fue un milagro de la Constitución. Por el contrario, la Constitución pudo elaborarse porque existían los tres pactos, y los respetaban todos los responsables, con independencia de las batallas políticas entre unos y otros para lograr el poder y realizar sus programas por opuestos que fueran.
Los momentos iniciales de toda la operación histórica de la «transición», de cuyas rentas todavía vive España, fueron la convocatoria de unas elecciones generales en las que tenían voto todos los ciudadanos y podían presentar sus candidaturas todos los partidos imaginables; los «Pactos de La Moncloa» y el regreso a Barcelona como Presidente de la Generalidad del que lo era en el exilio, el «honorable» Josep Tarradellas. El primero ha traído consigo el régimen parlamentario y la alternancia, el segundo la paz laboral y el progreso económico, el tercero la organización autonómica del Estado.
Los tres pactos están vigentes porque nadie -persona o institución- los ha denunciado. (Quizá porque en ningún momento se les dio la formalidad que podría desprenderse de estas líneas mías). Pero así como el pacto social continúa cumpliéndose, los otros dos adolecen de falta de vigencia.
La responsabilidad de una reconstrucción del consenso que entonces hubo,que no impide las diferencias, y que ha permitido los cambios de gobierno de estos treinta años, recaerá sobre el futuro Parlamento, o sea sobre los dos únicos partidos nacionales y sus respectivas cúpulas. Las elecciones son para el futuro. El pasado es historia.
¿Cuál de esas dos es la mejor opción electoral? Manifiestamente para el autor de este artículo es la que ofrece el PP. Durante el gobierno socialista se ha mantenido una situación económica y social aceptable y un progreso técnico, de comunicaciones y estructuras, que no desmerece de Ejecutivos anteriores. Pero ha descendido el nivel de la presencia y de la voz española en los foros internacionales, se ha producido un desbarajuste en la organización territorial del Estado, se ha agredido la conciencia ética de la mayoría de los españoles en los campos de la educación, la familia y la vida, y se ha dislocado la política antiterrorista.
En vez de vivir el «consenso» se ha fomentado el «disenso», en vez de la cooperación el enfrentamiento, en vez de coordinar el poder central y los autonómicos, se está desarticulando con torpes reformas estatutarias la organización constitucional del Estado.
Los dos grandes partidos tienen el derecho a enfrentarse y el deber de hacerlo atendiendo la confianza que en ellos y en sus programas depositen los votantes de marzo. Pero España ganaría mucho en este próximo año y en los siguientes si todo eso se llevara a cabo respetando el espíritu de los «tres grandes pactos nacionales» sobre los que se asentó la Constitución del 78.
Brindo por el espiritu de la transición del 78
LA unidad política de España es una realidad histórica y actual, sin discontinuidad desde hace más de quinientos años: no un invento de los constituyentes del 78. Sus antecedentes se remontan quince siglos atrás, desde la romanización hasta la modernidad. Es la unidad de la nación que entre 1808 y 1812 luchó y triunfó en Bailén, en Zaragoza o en Gerona, y la de todo el siglo XIX. Así lo han reconocido siempre sus ciudadanos y los de otros pueblos. Y lo han proclamado las dos últimas constituciones españolas del novecientos, la monárquica del 78 y la republicana del 31. Antes no había hecho falta nunca enunciar algo tan manifiesto e indiscutido.
En la de 1931 se declaraba expresamente que son «irreductibles» los límites del territorio español. O sea, lo mismo que con otras palabras se lee en el artículo segundo de la del 78, en que se proclama la indivisibilidad de la Nación, «patria común de todos los españoles».
Hace quinientos años España contaba como una de las principales y más consolidadas naciones de la «Europa de los Reinos», con voz y con presencia en todos los asuntos y espacios del continente y de los mares ribereños. Desde entonces su territorio a diferencia de casi todas las demás naciones europeas apenas ha sufrido cambios. Comprendía, igual que ahora, la mayor parte de la península ibérica, salvo Portugal, y los archipiélagos de Baleares y Canarias. En el mismo siglo XVI se agregaron, y se hicieron españolas, las ciudades de Ceuta y Melilla. Las únicas mermas fueron en el XVII el Rosellón español y una franja de la Cerdaña, cedidos a Francia en 1659, y en 1713 el peñón de Gibraltar cuya devolución han planteado siempre los gobiernos españoles, por lo menos hasta ahora. (La Corona extendía sus dominios por otros lugares de Europa y por las Indias. Pero se sabía, aquí y fuera,que eso no era España.)
En torno al 1500 toda la población se consideraba española y los intelectuales, los políticos y los poetas castellanos, catalanes, «vizcaínos» y de otras regiones proclamaban que esa era su identidad. El cardenal y obispo de Gerona, Joan Margarit, historiador y jurista, que escribía sus libros y pronunciaba sus discursos en catalán y en latín, en 1482 felicitaba a los monarcas por la unión de las dos Españas, «citerior y ulterior», y por emprender la recuperación de la parte de la Bética que aún poseían los mahometanos «con no menos oprobio que detrimento de los reyes y de Hispania». Poco más tarde el andaluz Antonio de Nebrija manifestaba a Isabel su gozo porque, gracias a ella, «los miembros y pedazos de España, que estaban por muchas partes derramados» se habían reducido y juntado en «un cuerpo y unidad de reino». La nación actual es la heredera de aquel reino.
El «Estado integral» de la Constitución republicana del 31 comprendía los municipios, las provincias y «las regiones que se constituyan en régimen de autonomía». En el artículo segundo de la del 78 se lee que, sobre el fundamento de la unidad de la Nación, se «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
Los textos aprobados en las actuales Comunidades Autónomas, y los proyectos de reforma estatutaria que circulan, declaran aceptar lo que en las Constituciones se dice. Pero es manifiesto que hay pasajes del nuevo Estatuto catalán, y algunos también en otros de los que se tramitan o anuncian, que si se pusieran en práctica, romperían la fundamental igualdad de los ciudadanos en todo el territorio del Estado con grave daño de la solidaridad nacional. Por lo tanto con violación del artículo segundo del 78 y de lo que pretendía el octavo del 31.
Las Autonomías, en líneas generales, han funcionado de una manera bastante aceptable en casi todos los lugares: mejor de lo que algunos temían que podía ocurrir. Junto con la paz social que reina en la mayor parte del país y el progreso económico de la generalidad de la nación, la repartición de facultades entre el Gobierno y las Comunidades ha producido beneficios en no pocos órdenes de la gestión pública, aunque no hayan faltado ciertas disfunciones.
El gobierno nacional ha conservado el ejercicio directo de la mayor parte de las responsabilidades de «los cuatro ases del poder político de un Estado moderno»: Hacienda y Economía -oros-; Defensa y Política Exterior -espadas-; Justicia y Orden Público -bastos-; y Cultura, Educación, Sanidad y Seguridad social -copas-. Pero hay que reconocer que en algunos naipes de los cuatro palos, se echan en falta las leyes del Estado previstas en el artículo 158,3 de la Constitución.
Este precepto es claro hasta en los detalles de procedimiento. «El Estado», dice, «podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara la apreciación de esta necesidad».
Es algo que, tras el ya viejo fracaso de la Loapa, ni el Parlamento ni los gobiernos se han resuelto a poner por obra, y que en no pocos casos parece que sería necesario aplicar. Algo de lo que ocurre en materia de impuestos, en arbitrariedades o manifiestas desigualdades en la ordenación del territorio, en urbanismo, en política hidráulica, en programas de educación, en medio ambiente, en cultura e investigación, y en otros campos más es, en no pocas ocasiones, alarmante y reclama la aplicación del artículo 158,3 de 1978.
En los años transcurridos desde entonces han cambiado no pocas circunstancias políticas en España, principalmente a causa de los compromisos internacionales contraídos con la incorporación a la actual Unión Europea o a la OTAN, y con la participación en instituciones económicas, judiciales, políticas y sociales, como el Parlamento Europeo, el Banco Central, el FMI, el Banco Mundial, el Tribunal de Estrasburgo y otras semejantes. Hasta es distinto el signo monetario. Pero eso no afecta a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas que se regulan en los artículos 148 y 149 de la Constitución de 1978, que tan parecidos son a los 14 y 15 de la del 31. Igual que el 158,3 de ahora se asemeja al 19 de la republicana.
En la «Europa de los Reinos» España tenía voz y presencia en todos los asuntos del mundo y así pudo realizar grandes servicios a la humanidad, como la incorporación a la civilización occidental de casi todo el Nuevo Mundo. Ahora es otra época y las aportaciones hispanas serán más modestas. Pero tanto hacia fuera como hacia dentro, España necesita mantener la unidad política, cultural y de mercado, con la fuerza de un Estado que «dentro de los límites irreductibles de su territorio actual» la hace «patria común» de sus ciudadanos. Así, la diversidad de «nacionalidades y regiones», recta y lealmente armonizada, enriquecerá y dará vigor a la solidaridad que se promete en la Constitución. De otra manera, no.
Brindo Por una España unida, plural y solidaria.
¿Tan difícil es entender que las Autonomías no son una vía hacia la desmembración sino la mejor manera de fortalecernos regionalmente como vía para fortalecernos nacionalmente?
El INÚTIL de ZP ha dinamitado la solidaridad nacional como ETA dinamitó la T4. Necio, inepto, inútil... Con gente así, que ni cree en su país, no hay manera. ¡¡ZP DIMISIÓN!!
La diversidad es constitutiva y enriquecedora, sí, positiva, sí: con tal de que todos queramos seguir formando una unidad, una sociedad política unitaria. El problema, pues, no es la valoración de la diversidad, sino la aceptación o el rechazo de la síntesis, de la fórmula constitucional unitaria, válida para todos los que, conscientes y defensores de una pluralidad constitucionalmente reconocida y amparada y estatutariamente organizada, quieran seguir formando parte de esa unidad política superior llamada España
Viva ESPAÑA, Vivan los ESPAÑOLES.
Poca gente ha querido interpretar las Autonomías como lo que realmente son. Hay una nación y 17 regiones. No pueden ser unas nacionalidades y otras no, ni tener 17 Estatutos diferentes... porque entonces lo que no 'hay' es España. Y España es lo único que nos garantiza unidad, estabilidad, progreso y libertad.
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